La violencia de los políticos

Amigos, hoy hemos desayunado con la valoración que los políticos hacen

de los acontecimientos de ayer en España. Se habla de violencia del

movimiento de los indignados y se habla de golpe de estado encubierto

(expresión utilizada por el diputado de CiU Jordi Turull). Resulta

bochornoso que todo lo que el M-15 ha desatado en este país intente ser

condenado por el aparato propagandístico del Régimen (los periódicos, las

tertulias de bienpensantes, el pensamiento políticamente correctos) para

dar carpetazo a la atinada y radical crítica que ha originado los

campamentos, las movilizaciones, las lecciones políticas que jóvenes y no

tan jóvenes han protagonizado estas semanas pasadas.

Indignado, a mí vez, por el oportunismo de la clase política y sus medios

de comunicación esta mañana, he escrito una breve reflexión que les

comparto, con el deseo de que sean indulgentes ante mi atrevimiento (una

vez más).

LA VIOLENCIA DE LOS POLÍTICOS

Cuando alguien sabe que no podrá dar a sus hijos lo que necesita cualquier

niño para desarrollarse sano y feliz. Cuando alguien duda de que pueda

pagar la hipoteca o el alquiler de la casa que habita, y sabe que será

desalojado de la misma. Cuando una persona de 20 años no encuentra

trabajo, o una de 50 es despedido y sabe que su vida laboral ha terminado.

Cuando alguna de estas situaciones, o todas ellas, se producen, entonces

se está ejerciendo una terrible violencia contra esas personas. Una

violencia sancionada por la Ley que dictan Sus Señorías.

Sus Señorías… Cuando unas cuantas personas se reúnen a puerta cerrada y

deciden acerca del destino de todo un país, sin que los afectados puedan

hacer nada más que esperar cuatro años para votar; entonces podemos decir

que se ejerce la violencia política.

Violencia política es la completa impunidad de los políticos profesionales

para beneficiar a los más poderosos (la banca, las grandes empresas

prestadoras de servicios que una vez fueron públicos, las constructoras e

inmobiliarias) y perjudicar al resto de la población.

Cuando los políticos profesionales se reúnen a comer o cenar en lujosos y

discretos restaurantes con representantes de las empresas de telefonía

móvil, farmacéuticas o la SGAE y toman decisiones que después aplican a

todos los ciudadanos, eso es violencia política. Es violento porque no hay

nadie allí presente para verificar los términos de la transacción que se

lleva a cabo, los intereses corporativos y personales que motivan las

decisiones, y que en el Parlamento (o Parlament, o Consell, o Pleno) se

disfrazan de necesidad política y económica “para preservar los derechos

de los ciudadanos y el interés común”.

Cuando las palabras dichas en el Foro Público no valen nada, entonces hay

violencia. Son palabras inocuas que ocultan hechos violentos. Los

parlamentarios, consejeros y concejales tienen el poder de ordenar

nuestras vidas. Cuando su palabra es ley y ellos mienten, esconden los

intereses de los poderosos y sus propios intereses tras el discurso del

interés común, eso es violencia, una violencia brutal, contra la que nada

podemos hacer, según las normas del juego que ellos mismos sancionan.

Violencia es cuando 300 señorías se sientan en sus escaños y deciden sin

más debate que el de “quítate tú para ponerme yo” acerca de la vida de

millones de personas. Ellos creen que debe ser así, y no pueden entender

que varios miles de personas les impidan hacerlo durante un día.

Tras los acosos de que son víctimas por parte de algunos indignados, los

políticos profesionales de este país han comenzado a clamar contra la

violencia. Hasta se ha llegado a hablar de golpe de estado encubierto.

La verdadera violencia es recortar un 10% el gasto público en Cataluña, o

cualquier otro porcentaje o en cualquier otra parte del país. Es violento

dejar a la gente sin una sanidad y una educación públicas de calidad. Es

violento obligar a los ciudadanos a pagar a empresas privadas para que sus

hijos reciban una buena educación y tenga una buena salud.

Es sumamente violento recortar las prestaciones sociales de los

trabajadores desempleados. Cada mañana, delante del espejo o de una taza

de café, una persona en paro tiene miedo, es objeto de una violencia

brutal que le impide vivir con dignidad. Esa violencia, le dicen al

parado, es anónima. Pero no lo es. Tiene nombres y apellidos: los de la

nómina del Congreso de los Diputados o del Parlament Catalán.

El verdadero golpe de estado es el que dieron en la Transición los poderes

que hoy, imperceptiblemente y tras la mascarada de la democracia, nos

gobiernan realmente. Los sucesivos gobiernos de Felipe González, Aznar y

Zapatero encumbraron y consolidaron el poder del dinero, vendieron las

empresas públicas, crearon oligopolios y fundaron imperios trasnacionales

a partir de lo que era de todos los españoles. Privatizaron el país. A eso

lo llamo yo robo. No es un robo con violencia tal y como lo define el

derecho penal. Se trata de una violencia mucho más tenaz.

Porque los ciudadanos estamos inermes ante ella. El Tribunal

Constitucional, que está en manos de los partidos políticos, ha sentado

hace tiempo que los derechos económicos, sociales y culturales no vinculan

a los poderes públicos. Que el derecho a la vivienda, a la salud, a la

educación o al trabajo, no pueden ser exigidos ante el Poder Judicial, y

que su realización depende de la voluntad de los políticos elegidos

democráticamente. Lo cual es tanto como decir que depende de las

negociaciones que nuestros representantes corruptos realizan con Endesa,

Sanitas, Florentino Pérez o la Iglesia Católica.

A eso lo llamo yo violencia.

Es una violencia mucho más deshonesta que la que algunos indignados

ejercieron frente al Parlament. La violencia de unos pocos de esos

indignados es condenable y parece fruto de la impotencia, del abuso, de

lo absoluto que resulta el poder político. Eso si, como sugieren los

portavoces del M-15, no se trata de una provocación externa al propio

movimiento.

Pero la violencia que ejercen los poderosos económicos y sus Señorías es

una violencia mucho más antigua. Es la violencia primigenia por la que un

componente de la antigua tribu igualitaria se apropia de una parte del

territorio que disfrutan todos y la pone a su exclusivo servicio. Al cabo

de un tiempo, quienes antes usaban libremente de los bienes de la tierra,

deben trabajar para el nuevo dueño si quieren comer, beber y pasear por la

tierra que no era de nadie, que era de todos. ¿Cómo pudo aquel antepasado

violento cometer ese robo, ejercer esa violencia impunemente sobre sus

congéneres ya desiguales? Porque ostentaba el poder político, o quienes lo

oficiaban recibían prebendas del usurpador.
.

¿Les suena de algo? Nuestra democracia es sólo un disfraz de la violencia.

O una forma de violencia implacable: los políticos la ejercen con la

legitimidad de las urnas. “Yo ejerzo la violencia legítimamente, luego tú

debes callar y aceptar. Las cosas son así”.

La verdadera democracia, la verdadera legitimidad, nace de saber que todas

las personas verán realizados su derecho a una vida digna. Eso significa

que cuando sus Señorías deciden acerca de nuestras vidas, todos y cada uno

de los ciudadanos podemos contradecirles, en las instancias de decisión,

en los tribunales (el Constitucional debe ser un Tribunal de todos y para

todos) o en la calle.

El enfado ante lo que ocurre no debería ser calificado como “violencia”

por los violentos que nos gobiernan. Pero ellos tienen miedo. No temen que

los indignados violentos vayan a hacerles algún mal físico. En realidad,

nadie (más allá de una puntual obnubilación) les desea ningún mal. Y ellos

lo saben.

Lo que temen los políticos profesionales es que la gente despierte, que

exija una verdadera democracia. Que se les acabe el chollo. Que por fin,

después de 35 años de mascarada, la violencia política sea sustituida por

una verdadera democracia. Ellos querrían que siguiéramos jugando al juego

en que siempre ganan, donde ponen las normas y hacen las trampas. Pero eso

no va a ser posible por mucho más tiempo.

CARLOS DEOCÓN